De neo-tecnócratas (2)

No llegué a pensar que los de la Tercera Vía, o los socialdemócratas neoliberales y de derechas, como prefieran llamarlos, iban a levantar cabeza tan pronto, después de haber conducido a la ruina a sus propias formaciones y tras haber contribuido a generar esta crisis económica que todos padecemos. Sin embargo, cuentan con el soporte mediático y financiero necesario para difundir un mensaje que debiera estar ya falto de credibilidad. Como no parece el caso, demos un vistazo crítico a algunos de los últimos hitos de esta corriente economicista y tecnocrática.

Salida del euro y gobierno de concentración nacional

El pasado viernes, tres renombrados economistas publicaban un valioso artículo en El País en el que venían a sostener dos cosas: (1) que la salida del euro nos conduce inmediatamente al desastre y (2) que es deseable formar un Gobierno de concentración nacional compuesto por tecnócratas. 

(1) El artículo encerraba el valor de poner sobre el tapete, aunque fuese para despreciarla, una alternativa, la de salir del euro, que apenas se baraja en los foros de discusión pública. Si lo hacían es porque saben que es una posibilidad contemplada por el Gobierno, como dejaron ver la semana pasada Montoro y De Guindos al insinuar la pertinencia de una quita o al caracterizar nuestra coyuntura presente por estar jugándose "el futuro del euro". Además, también es apreciable que sus autores se tomaran el esfuerzo de recrear el escenario económico tras la salida de la moneda única, algo que la mayoría de sus defensores se ahorran, solicitando del interlocutor un acto de adhesión a la moneda europea basado exclusivamente en la fe (y la resignación).     

Quien suscribe piensa que la opción de permanecer o salir del euro solo cabe despejarla en función de las circunstancias. Si quedarnos en él significa estar económicamente intervenidos y ejecutar reformas que nos condenan a un mayor empobrecimiento, entonces la salida comienza a hacerse inevitablemente atractiva. Y es aquí donde viene la debilidad en la argumentación de los tres economistas: para ellos, en efecto, salir del euro supondría quiebras, bancarrota, depreciación monetaria, devaluación generalizada del poder adquisitivo y, en definitiva, una catastrófica involución económica. Puede que tal escenario sea veraz, pero descuida algunos factores positivos: p. ej., el encarecimiento súbito de las importaciones intensificaría forzosamente la producción nacional, y la depreciación monetaria, sumada a la devaluación general, espolearía también las exportaciones. Con todo, lo decisivo es que, según afirman los propios autores, España "rebotaría tarde o temprano", de manera que, lo inicialmente descrito como catástrofe, al final podría hasta resultar beneficioso. 

¿Dónde se localizarían entonces los problemas? En el terreno de la política, pues volver a tener soberanía monetaria implicaría el auge de los "caciques locales", la consolidación de una casta privilegiada, ligada al poder, "nacida del chanchullo, la chapuza y el compadreo". Tal pronóstico adolece de una debilidad notoria, por estar basado en una transposición histórica ilegítima. El problema no es tanto que esa clase privilegiada, nacida de la autoridad de los políticos sobre la economía y basada en la corrupción, pueda contemplarse ya, en plena vigencia del euro, sino que su existencia debiera ser un lastre removible en un régimen democrático. Así, toda la suposición de nuestros economistas se basa en que la salida del euro sería, literalmente, un regreso a la España franquista, por lo que continuar en la moneda reportaría un beneficio fundamentalmente político, el de "preservar el mínimo control de los desmanes de nuestros dirigentes". A no ser que a tal convencimiento subyazca un prejuicio racista y neocolonial, a tenor del cual los españoles no sabemos vivir en democracia salvo que estemos tutelados por el extranjero civilizado, sus pretensiones carecen de sentido, pues ese control sobre los gobernantes podría verificarse perfectamente en una España democrática que hubiese vuelto a la peseta. 

(2) Probablemente ese mismo postulado cultural simplista, que distingue a civilizados de bárbaros y a gente preparada de gente por instruir, sea el que esté operativo en el segundo apartado de nuestro artículo: la reivindicación de un gobierno de concentración formado por tecnócratas. Tres problemas como poco se pueden señalar a este respecto, (a) uno de procedimiento y legitimidad, (b) otro de concepto y (c) otro de medios:

(a) Los economistas, poco dados a estudiar derecho, suelen contar con una inclinación inequívocamente autoritaria. Las elecciones y los procedimientos democráticos, que comunican legitimidad a las decisiones políticas, suelen ser para ellos incómodos escollos a solventar cuanto antes. Ya lo decíamos con respecto a un post de Senserrich, donde este autor de politikon apremiaba a los gobernantes a que diesen la espalda a sus ignaros votantes para aplicar las reformas necesarias. Por estos fueros andan también los economistas que nos ocupan, cuando reclaman un "nuevo gobierno, con apoyo de todos los partidos mayoritarios, compuesto por políticos competentes y técnicos intachables". Y a qué viene esta repentina urgencia, a pocos meses de haberse celebrado unas elecciones, se preguntará el lector. De nuevo, a la necesidad de una "confianza" que sin duda generaría en los inversores un "gobierno coherente y serio". 

Pues bien, resulta que en democracia un cambio de gobierno requiere unas determinadas condiciones por las que estos autores no pasan ni de puntillas. Tiempo habrá, en el siguiente post, de discutir este extremo con Senserrich. Baste ahora indicar que el propósito perseguido, el de generar confianza en los mercados, oculta una falacia: la de que tales "mercados e inversores", si con ellos nos referimos a nuestros compradores de deuda, resulta que no son otros que la propia banca española, tenedora de más de dos tercios de toda nuestra deuda pública... Y cumple también indicar que dicho gobierno de concentración abrirá por fuerza un horizonte autoritario, pues se traducirá necesariamente en la exclusión de todas las fuerzas minoritarias, que en conjunto conforman una considerable mayoría, a las que solo se reservará la reforma del código penal para cuando protesten contra las reformas y medidas que nuestros economistas proponen.

(b) Pero es que, además, la naturaleza tecnocrática de un gobierno no garantiza el acierto de sus decisiones. Los técnicos se equivocan con frecuencia, y ese grado de equivocación se torna estructural si nos referimos a los economistas. Como bien recuerda Rafael Escudero, Rodrigo Rato pasaba hasta hace tan solo unas semanas como un técnico excelente. Su historial es buena muestra de su incompetencia. Y esta crisis económica no ha hecho sino aumentar los ejemplos de supuestos técnicos realmente incompetentes.

El problema, sin embargo, es de orden conceptual, y procede de una confusión típica en el personal académico y en el profesorado universitario. La actividad política requiere unas cualidades prácticas, desde la capacidad de tomar decisiones hasta la facultad de coordinar y dirigir grupos humanos, que no tienen por qué aparecer en la figura del experto. El técnico es imprescindible para desplegar la acción política, pues es quien señala al político los medios a tomar para la consecución de los fines que se propone, pero el político resulta insustituible por el técnico. En definitiva, la esfera de la política, en la que han de adoptarse las decisiones sobre los fines a lograr, es irreductible a la esfera de la técnica, y por eso, más que garantía de acierto, un gobierno de tecnócratas nos condenaría al error y, paradójicamente, a proyectar más desconfianza.

(c) Otra cuestión es que los técnicos formulen con total legitimidad y con indiscutible competencia cuáles han de ser los caminos a tomar para salir de la crisis. En Fedea, la Fundación a la que pertenecen los autores de nuestro artículo, parecen tener claro cuáles han de ser tales medidas: reforma laboral que se traduzca en gratuidad del despido, incidir solo en impuestos indirectos en detrimento de la progresividad fiscal, reducir la contribución empresarial a la seguridad social, aumentar la edad de jubilación y reducir el coste de las pensiones, etc. 

Pues bien, para adoptar tales medidas resulta indiferente hacerse de una legión de expertos o dejar que la Comisión Europea nos intervenga. El requisito propuesto, el Gobierno de concentración nacional, es perfectamente independiente de las medidas a adoptar, que bien pueden ser tomadas por este gobierno. ¿Y por qué no las adoptan de una vez, si tan sencillas y salutíferas resultan? Pues porque hasta en el PP saben que su aplicación se traduciría rápidamente en un empobrecimiento masivo, en un crecimiento considerable de las desigualdades económicas y en una situación que haría para muchos deseable salir del euro y refugiarse en la seguridad de la soberanía monetaria.

Continuará...